¡Nos jodimos Filippo!

¡Nos jodimos Filippo!

¡Nos jodimos, Filippo!

Tras revisar a fondo las opiniones de los más prestigiosos constitucionalistas del país respecto a las posibles vías legales para terminar anticipadamente con este infame gobierno, he llegado a la amarga conclusión de que no podremos aplicar ninguna de las opciones previstas en “la bicha”, como la llamó el propio artífice de esta criatura, el difunto arañero de Sabaneta, Hugo Chávez. No sé si lo hizo para burlarse de la oposición o por un siniestro presagio de lo que significaría la aplicación de esa Carta Magna sobre la sociedad venezolana. Especialmente porque, ante cualquier intento de “salida constitucional”, se erige como un obstáculo infranqueable el brazo judicial del gobierno, representado por el TSJ, al que yo, sin reparos, he rebautizado como Tribunal Secuaz de Inmundicia. Les explicaré el origen de este pesimismo, como solía hacer Carlitos González con sus vaticinios deportivos.

Enmienda constitucional. Esta herramienta, que permitiría acortar el periodo presidencial de Maduro, es la preferida de Ramos Allup. Su atractivo radica en que, para ser aprobada, solo se requiere una mayoría simple en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Sin embargo, esta enmienda no podría aplicarse de forma retroactiva al actual gobierno, aunque existan argumentos sólidos para sostener lo contrario. La última palabra la tendría la inefable Sala Constitucional del TSJ, que indudablemente fallaría a favor de Maduro y su camarilla. Ese despreciable laboratorio de ignominias encontraría fórmulas para desestimar la medida, alegando que el objetivo real no es acortar el periodo por considerarlo extenso, sino deshacernos de un presidente que se ha vuelto intolerable.

Referéndum Revocatorio. Este proceso, que permitiría revocar el mandato presidencial, es largo y tortuoso. Las normas del Consejo Nacional Electoral (CNE) estipulan un camino repleto de trabas, con plazos que se extienden por ocho meses o más. La recolección de firmas sería saboteada por los lacayos del gobierno en el CNE, y, si lográramos superar este obstáculo, la Sala Constitucional o la Electoral podría anular el esfuerzo con una sentencia fatal. Además, es muy probable que el TSJ, mediante interpretaciones “constitucionales”, introduzca nuevas barreras que hagan imposible la concreción del revocatorio.

También dudo que, bajo la sombra de las amenazas del régimen y su hegemonía comunicacional, logremos reunir los 7.587.579 votos necesarios, equivalentes a la cifra con la que Maduro fue electo, para revocar su mandato. Además, este mecanismo solo tendría sentido si pudiera realizarse antes del 10 de enero de 2017; de lo contrario, el poder recaería en el vicepresidente designado por Maduro, prolongando el dominio chavista. Aunque la Asamblea Nacional podría aprobar una ley para agilizar el proceso, la Sala Constitucional la anularía sin duda alguna con otra de sus aberrantes interpretaciones.

Asamblea Constituyente. Convocar una Asamblea Constituyente es un proceso político y electoral complejo que requiere el respaldo de los poderes públicos y el apoyo popular. Chávez logró convocarla sin oposición gracias a su control total del Estado. Sin embargo, la oposición carece de dicho apoyo del Poder Ejecutivo, imprescindible para financiar y organizar la convocatoria. Tampoco contamos con la voluntad del pueblo que, desgastado y escéptico, podría no responder al llamado. La Constituyente, lejos de ser una solución rápida, se convertiría en una batalla prolongada, y el gobierno, experto en el manejo del miedo y la coacción, sabría cómo manipular la situación para consolidar su permanencia en el poder.

En resumen, Filippo, la salida constitucional parece un espejismo, y el laberinto legal solo nos devuelve al punto de partida, mientras el país se hunde en la desesperación y el hartazgo de un régimen que ha hecho de la permanencia una dinastía.

Continuará.