Oliver se encontraba pergeñando las razones para migrar de
Venezuela que acosan a la mayoría de sus ciudadanos y que listaría en un
artículo a solicitud de uno de sus patrocinantes extranjeros del blog Tiempo de
Memorias, cuando recibe una llamada de su hijo desde Maracaibo, informándole de
un acontecimiento surrealista que involucraba sus intereses. El CICPC acababa
de allanar la tienda que tienen en la Costa Oriental del Lago so pretexto de
que una cliente denunció la pérdida de un celular en el baño de la tienda. y procedieron
sin orden judicial alguna con los atropellos y desmanes que usualmente cometen
los funcionarios ejecutores en esos ilegales operativos, sin respeto por
la propiedad ni por los derechos
individuales de las personas. En efecto, se cargaron no solo con bienes de la
tienda sino lo más grave, detuvieron a la encargada como presunta responsable
del hecho.
La desmedida actuación policial por la supuesta pérdida de un
celular no demostrada provocó las suspicacias obvias y las indagaciones
personales que en ese sentido efectuaron los empleados de seguridad del centro
comercial puesto que en Venezuela despojan cada segundo a infinidad de
ciudadanos de su celular y las victimas ni denuncian esos hechos por la inercia
con que usualmente responde ese cuerpo policial. Estas permitieron determinar
que la supuesta afectada y denunciante es muy amiga de una dama recientemente
despedida de dicha tienda por falta de probidad, vinculada por parentesco
familiar a un funcionario de dicho cuerpo policial. Obviamente, se trataba de
un montaje, una olla policial, con la finalidad de cobrarle inescrupulosamente
a los empleadores la medida laboral tomada.
Las primeras diligencias efectuadas por los tenderos en ese
ente policial con la finalidad de obtener la libertad de la trabajadora
detenida encontró la proverbial sospechosa exigencia de “soluciones amigables”
a la “situación grave” en que se encontraba involucrada la detenida. Desde
luego, considerando la trayectoria de la trabajadora arrestada y su inocencia, así
como lo absurdo de la detención, los propietarios se negaron a ser víctimas de
la extorción que pretendía perpetrar el cartel policial, como era obtener por
vía de corruptela una cifra considerable (en dólares) a cambio de la libertad
de la imputada.
Esa negativa
obviamente comportaba para los facinerosos funcionarios policiales la vil actuación
de someter a la detenida (inocente) al escarnio, el terror y la vejación que
supone una cárcel venezolana por el tiempo que dure el proceso judicial. Los
tenderos prefirieron contratar los servicios de un honorable abogado para
obtener en buena lid el resultado que resarza la honestidad mancillada de la
trabajadora detenida. El tiempo dirá si fue esta una salida ingeniosa o torpe.
Al momento de la presentación de la joven al tribunal
respectivo, el abogado elegido coincidió con otros colegas que atendían sus
casos en el mismo reclusorio penal. A su salida comentaba que casi todos los
colegas presentes ventilaban procesos que tenían en común la extorción policial
iniciada con una patraña rocambolesca en la que se involucraba a un inocente para
obtener prebendas económicas bajo la amenaza de una infinita y tormentosa “privación de la
libertad”. ¡Esta es la policía del socialismo!
Entre tanto, el gobierno realizaba la juramentación de
sopotocientos nuevos oficiales de la PNB.
Oliver por su parte encontraba una nueva razón que agregar a la lista de infamias
que aceleran su largada del purgatorio
venezolano.
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