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El desenlace, Gobierno vs Oposición


Asamblea Nacional



El desenlace


A raíz de los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional y las decisiones dictadas por el TSJ, en las que han quedado nuevamente en evidencia el secuestro del poder judicial por parte del Gobierno: Maduro, Diosdado y sus secuaces, y la intención de no ceder un milímetro en su  trasnochado plan castro-comunista, no obstante habérseles demostrado con los resultados electorales del 6 de diciembre que la mayoría del país quiere salir de este gobierno forajido y de su disociado modelo político, me plantean algunos lectores  que cuál creo yo  será el desenlace de todo este lío.

Después de la victoria de la oposición el 6D han sucedido una serie de hechos políticos y otros jurisdiccionales con una secuencia que hacen temer  un estado de ingobernabilidad en el país, cuya solución parece resbalar en el piso de la Constitución Nacional, veamos:

1. Días antes de culminar el período de sesiones de la Asamblea Nacional, la mayoría chavista designó -fraudulentamente y en tiempo record- a unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para integrar la Sala Electoral y otras salas, en sustitución de unos magistrados que estaban a punto de cumplir el periodo de servicios que le daría derecho a la jubilación, con el deliberado propósito de que no lo pudiera hacer la nueva Asamblea que estaba por instalarse, de modo que la mayoría saliente colocara a sus abogados amigos y militantes chavistas como magistrados aun cuando no cumplieran cabalmente los requisitos constitucionales exigidos, pero asegurándose que obedecieran ciegamente las ordenes o instrucciones del PSUV o de Miraflores. Precisamente esto se temía ya que los voceros del Gobierno no ocultan sus intenciones de obstruir los planes de la nueva Asamblea dominada ampliamente por la oposición.

2. En vísperas de celebrarse la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral -que había sido conformada por varios de los magistrados designados fraudulentamente como comentara antes- informa a los medios de comunicación que ha recibido un recurso de Amparo Constitucional interpuesto por candidatos chavistas perdedores (para lo cual habilitó el Despacho que se encontraba de vacaciones) contra la elección de tres diputados por el estado Amazonas, que habían sido proclamados por el CNE, en representación de la Unidad.
Un día antes de la juramentación, la misma Sala en tiempo record acuerda la suspensión de los efectos de la proclamación de estos tres diputados, de modo que disminuye la bancada opositora de 112 a 109 diputados.

3.  El 5 de enero, en medio de un terrible ambiente de boicot por parte del Gobierno y su minoría chavista, son juramentados todos los diputados de la Asamblea Nacional, a excepción de los tres diputados cuya proclamación había sido suspendida como se reseñó atrás, en virtud de la posición intransigente de la bancada oficialista.

4. El día 7 de enero, en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, su Junta Directiva, haciendo caso omiso a la posición de los chavistas y a la suspensión anunciada desde el TSJ de los tres diputados, les toma juramento por considerar que es inacatable tal suspensión judicial y además porque se trata de una maniobra política dirigida desde Miraflores a evitar que se constituya la mayoría calificada de las 2/3 partes de la Asamblea, y por considerar que la voluntad del pueblo soberano que les eligió está por encima de los intereses de los tres candidatos impugnantes. Demás está decir que la maniobra se desprende claramente de las actuaciones fraudulentas antes mencionadas. En esa misma sesión la bancada de la oposición aprueba designar una comisión para que examine la legalidad de la designación -espuria en mi criterio- de los magistrados del TSJ efectuada en los últimos días del año 2015,  antes de concluir el período de los diputados salientes. Sobre este aquelarre puede leerse mi cuento en este blog, titulado "La Asamblea el 5-E parte final".

5. Ese mismo día la bancada oficialista en su ánimo de evitar a toda costa que la mayoría opositora alcance los 112 diputados, anuncia que acudirá el día siguiente al TSJ a solicitar una sanción contra la Junta Directiva de la Asamblea, por estimar que ha incurrido en desacato. Así, efectivamente ocurre y la Sala Electoral, ni corta ni perezosa, en el término de la distancia, acuerda todo lo solicitado por los recalcitrantes diputados Chavistas Diosdado Cabello y Pedro Carreño, incluyendo las más descabelladas e insensatas determinaciones como por ejemplo, la nulidad anticipada de las decisiones que acordare la Asamblea en las que participen los tres diputados “suspendidos”.

El gran temor del Gobierno a someterse al escrutinio de la mayoría calificada de las 2/3 partes de la Asamblea, es porque ello significaría exponerse inevitablemente a decisiones que neutralizarían el control que actualmente ejerce sobre los poderes judicial, electoral, contralor y del Ministerio Público; no podrían impedir una eventual convocatoria a un referéndum revocatorio del mandato de Maduro en abril, sin el escamoteo del que fue objeto la oposición cuando lo intentó contra Chávez y una serie de actos de recriminación de la gestión gubernamental en cabeza de sus ministros; de investigación de escándalos de corrupción de sus más bravucones líderes revolucionarios, de las que muy probablemente resultarían culpables penalmente y con medidas de rescate de las fortunas y bienes mal habidos.

6. Todo esto ocurre a escasas horas de que el presidente de la República en cumplimiento de una norma constitucional, acuda a rendir su Memoria y Cuenta del año 2015, ante la Asamblea Nacional. En las redes corre con insistencia el rumor de que el presidente Maduro, con ocasión de esta bufonada jurídica y alguna otra absurda interpretación del máximo tribunal encontraría una “buena” excusa para no presentarse ante la Asamblea a rendir cuentas, de modo de no exponerse ante esa mayoría aplastante y poder en otro escenario controlado expresar abiertamente sus  proverbiales fanfarronerías. Al parecer, finalmente, en virtud del acatamiento que comento de seguidas, ha confirmado su asistencia al Palacio Legislativo.

7. El día miércoles 13 de enero, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva después de reunirse la noche anterior con la bancada opositora, resuelve acatar la decisión de la Sala Electoral del TSJ, que había cuestionado con sobradas razones.

Todo este dossier nos conduce a plantearnos algunas consideraciones y conclusiones:

1. El gobierno chavista y sus personeros  no van a cejar en sus guarimbas judiciales para impedir someterse a las decisiones calificadas de la Asamblea, así como a una administración de justicia independiente que amenace sus cuentas bancarias en el exterior y su libertad o que suponga la pérdida de su confort en el ejercicio abusivo del poder. Esto incluye oponerse “como sea” a referendos y Asamblea constituyente.

2. La representación parlamentaria de la oposición, que conduce la voluntad de la mayoría del país, no puede apartarse de su encargo de buscar soluciones vía legislativa a los grandes problemas del país, entre ellos, la salida constitucional de este gobierno.

3. Las Fuerzas Armadas del país juegan un papel determinante en el desenlace de esta compleja situación, pero sus componentes se han mostrado al menos en sus manifestaciones públicas, proclives a apoyar la continuación de este bochornoso proceso comunistoide, como si efectivamente estuviesen convencidos de las “bondades” de este nefasto proyecto que ha arruinado al país en 17 años y parece conducir al pueblo venezolano hacia un abismo insondable.

4.  La dinámica judicial-parlamentaria que parece venírsenos encima; esa “guerra de tronos”, guarimbas judiciales contra decisiones parlamentarias, como fórmula maquiavélica del gobierno para neutralizar las acciones de la Asamblea Nacional, de modo de evitar someterse al control político y a la revisión de sus fechorías administrativas, harán insostenible e ingobernable la vida social y política del país, lo que lamentablemente cerrará la válvula de escape a la presión que soporta la sociedad venezolana desde hace tantos años y que encontró un respiro en los resultados de la reciente consulta electoral.

5. Una propuesta emblemática de la victoria de la oposición como es la Ley de Amnistía para liberar a los presos políticos, que será sometida a la Asamblea y seguramente aprobada solo por la bancada de la unidad, no va a ser consentida, ni respetada por el Gobierno del presidente Maduro, tal como el mismo lo ha anunciado públicamente, ya sea utilizando una guarimba judicial de la Sala Penal o Constitucional, o simplemente ordenando a sus oficiantes de los tribunales penales de la República no darle curso a las excarcelaciones que pudieren proceder con base en dicha Ley. El saboteo por parte de un gobierno antidemocrático a esta ley o a cualquiera otra que no deseen acatar es muy fácil, teniendo como tienen el control absoluto de los tribunales del país. Por poner un ejemplo, las normas del Código de Enjuiciamiento Criminal que deben acatar los jueces e impulsar los fiscales del Ministerio Público, contemplan beneficios procesales para aquellos presos que hayan cumplido una parte significativa de la condena –caso de algunos policías condenados por los hechos del 11 de abril- y hasta la fecha no le han parado bolas a esa normativa –ni jueces, ni fiscales-  porque las ordenes de Miraflores seguramente envilecidas por el odio político, lo impiden. Entonces, qué podemos esperar del cumplimiento de la Ley de Amnistía que estará en manos de los mismos jueces puestos a dedo por quienes la adversan.

Suponemos que el Gobierno pretende una propuesta de negociación con la oposición de modo de condicionar la acción de la nueva Asamblea. La oposición se encuentra contra la pared y tendrá que evaluar si se aviene con una negociación que pueden percibir quienes le dieron el voto, como deshonrosa.

Este cuadro de calamidad institucional, aunado a la gravísima situación económica y social que vive el país, atizada con la caída de los precios del petróleo, propiciará inevitablemente escenarios cuya solución difícilmente surja de los propios venezolanos, una vez agotadas las posibilidades de diálogo y entendimiento.

No sé por qué estas guarimbas judiciales del Gobierno -vía TSJ- me recuerdan el machete que blandía el dictador panameño Manuel Noriega en sus atormentadas arengas por allá en 1988.



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